Además, mientras sufre esta penitencia, pasan las semanas y los meses, y las facturas se acumulan porque la compañía le sigue cobrando. Sin embargo, la legislación en esta materia ha avanzado lo suficiente como para que el proceso de baja, si se siguen bien los pasos, sea rápido y nada traumático.

Solicitar la prestación del servicio es fácil. Muy fácil. Una llamada de teléfono, el DNI y los 20 dígitos de la cuenta bancaria, y el usuario pasa a ser cliente. Si el servicio es bueno y la facturación convincente y sin fallos, miel sobre hojuelas: la relación prospera y los bits fluyen en una dirección (hacia el usuario) y los euros en otra (hacia la empresa). Todos contentos. Pero, ¿y si hay fallos en el servicio, conexiones lentas o intermitentes, o errores de bulto en la tarificación?

Es habitual que los proveedores del servicio se hagan los remolones, e incluso que pongan todo tipo de trabas para evitar perder un solo cliente, desde ocultar información, marear al usuario con bucles telefónicos sin fin, pedir el envío de faxes y luego ignorarlos...

Trabas a la ruptura de contrato

El catálogo de triquiñuelas es variado y a menudo roza los límites de la legalidad. Pero es que duele perder a un cliente fiel. Y no sólo por los 20 ó 30 euros del mes en curso, sino porque son unos ingresos fijos que la compañía ya espera mes tras mes y que tiene computados en sus previsiones (un mínimo de 240 euros al año).

Hace años, la situación aún estaba peor. La prensa especializada se hacía eco, un año sí y otro también, con titulares como "Esclavizados al ISP", etc. Afortunadamente las operadoras han ido mejorando su servicio, de modo que las quejas de los usuarios (y la necesidad de cambiarse) no son tan frecuentes. También, poco a poco, las administraciones han ido interviniendo y poniendo freno a algunas de las prácticas más abusivas.

En cualquier caso, si el usuario quiere revisar su situación y se plantea irse a otra compañía, por ejemplo, hay varias cosas que puede hacer. Lo primero es comprobar la calidad del servicio tanto del ISP con el que se tiene el contrato como del que se quiere contratar de cara al futuro. Es una manera de ahorrarse posteriormente sorpresas desagradables.

Por ley, las diez empresas (Telefónica, Ono, Euskaltel, R, TeleCable, Tele2, Jazztel, Orange, BT y Ya.com) que hoy en día prestan servicio de ADSL deben hacer pruebas, chequear sus redes y el servicio que prestan a sus usuarios y luego publicar estos datos, que pueden encontrarse en una página habilitada especialmente por el Ministerio de Industria.