Ya no hay dudas. El Impuesto sobre el Patrimonio pasará a la historia tributaria de este país en la próxima legislatura. Los dos únicos partidos con posibilidad de gobernar ya han anunciado formalmente su desaparición aduciendo idénticos motivos: recae sólo sobre las rentas medias, es una antigualla que sólo existe en Francia y en España en el conjunto de la Unión Europea, ya no sirve como instrumento de control de rentas y, sobre todo, es un claro ejemplo de doble imposición (se grava dos veces la misma base imponible). ¿Es esto cierto? ¿Son las clases medias las que realmente pagan los 1.400 millones de euros que recaudan cada año las comunidades autónomas en concepto de Impuesto de Patrimonio? A la luz de los datos no parece que las cosas vayan por ahí.

Veamos. Según la Memoria de la Administración Tributaria correspondiente a 2005 -última publicada-, 920.676 contribuyentes declararon el Impuesto sobre el Patrimonio. La cifra está estancada en el entorno de los 900.000 contribuyentes desde que en el año 2000 se estableciera la exención de la vivienda habitual hasta un valor máximo de 150.253,03 euros, lo que provocó una disminución considerable del colectivo de declarantes (-11.4%). Quiere decir esto que apenas el 5% de los ocupados (sobre los que en principio recaen las obligaciones tributarias) declara el Impuesto sobre el Patrimonio.

¿Pero pagan todos los contribuyentes por igual? Evidentemente que no. Tiene razón el presidente del Gobierno cuando afirma que ese tributo recae sobre las clases medias, al menos en número, pero olvida decir que quienes realmente pagan el Impuesto sobre el Patrimonio no son las clases medias, sino los más ricos, por lo que serán ellos, por lógica, quienes más se beneficien de una supresión total. Veamos de nuevo. La Memoria Tributaria dice que los declarantes con un patrimonio neto inferior a 400.000 euros representan nada menos que el 72,1% del número total de contribuyentes (se supone que ahí están las clases medias). Sin embargo, y aquí está la paradoja, esos contribuyentes aportaron únicamente el 24,8% de la base liquidable total, que no es otra cosa que la base imponible menos las deducciones. Es decir, que tres cuartas partes de los declarantes aportan únicamente la cuarta parte de la recaudación.

Un impuesto de ricos

¿Quiénes pagan, por lo tanto, el impuesto? Pues, evidentemente, los más ricos. El 6,5% de los declarantes, es decir aquellos que cuentan con un patrimonio neto superior al millón de euros (sin incluir las deudas) aporta nada menos que el 41,6% de la base liquidable, por lo que serán ello -quienes cuentan con un patrimonio superior al millón de euros- los que tienen más motivos para estar felices.

Desde luego, no sólo ellos. El tramo más alto de la pirámide del impuesto, es decir aquellos contribuyentes con un patrimonio superior a los 10 millones de euros -1.663 millones de pesetas- serán los más beneficiados. Y es que, como dice la Memoria Tributaria, los 727 contribuyentes que se encontraban en este intervalo en 2005, los cuales representaron menos del 1 por mil del total de declarantes (sí han leído bien), generaron nada menos que el 4,8% de la base liquidable del impuesto, con una media cercana a los 19 millones de euros por contribuyente, cifra que es 61 veces superior a la media global, la cual se situó en 311.164 euros.

Como se ve el nivel de dispersión del impuesto es elevada. La media de patrimonio por declarante son 311.164 euros, pero el patrimonio de los más acaudalados –también como media- es de 19 millones de euros. Unos y otros, sin embargo, se verán beneficiados de la misma manera por la eliminación del impuesto.